Denuncian presuntas irregularidades en contrataciones y doble percepción de ingresos en la Municipalidad de Caylloma

Una denuncia presentada ante las instancias correspondientes ha puesto en cuestionamiento presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Caylloma, que involucran al alcalde Juan Delgado Lacacta y al jefe de la Unidad Formuladora de la Oficina de Proyectos, Zenón Usaqui Zenovia.

De acuerdo con el documento, Zenón Usaqui Zenovia habría ejercido su cargo público mientras la empresa UZAKY E.I.R.L., vinculada a su entorno familiar directo, habría contratado con la municipalidad, situación que podría configurar un conflicto de intereses y presunto nepotismo, prohibidos por la normativa que regula la función pública.

 

Contrataciones registradas en Transparencia Económica

Según información publicada en la plataforma Transparencia Económica, la empresa UZAKY E.I.R.L. registra contrataciones con la Municipalidad Distrital de Caylloma en los últimos años: 2023: S/ 151,000; 2024: S/ 64,000; y 2025: S/ 18,000

Asimismo, los registros muestran ingresos a nombre del funcionario Zenón Usaqui Zenovia en el mismo periodo, lo que ha generado cuestionamientos sobre una posible doble percepción de ingresos, situación restringida por la legislación vigente.

PAPELITO MANDA.
PORTAL DE TRANSPARENCIA.

 

DATOS DE 2023; 2024 Y 2025.

 

Posibles implicancias legales

El documento advierte que, de confirmarse los hechos, estos podrían constituir infracciones administrativas y delitos contra la administración pública, tales como peculado, colusión, cohecho, abuso de autoridad e incremento ilícito de patrimonio, conforme al Código Penal.

Además, la Ley Marco del Empleo Público (Ley N.° 28175) y la Constitución Política del Perú establecen la prohibición de percibir más de una remuneración del Estado, salvo excepciones expresamente reguladas.

USAKY, SEGÚN SUNAT.

Responsabilidad por omisión

La denuncia también plantea una posible responsabilidad por omisión del alcalde distrital, en caso de que haya tenido conocimiento de estas presuntas irregularidades y no haya adoptado acciones para impedirlas.

 

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