La corrupción en el país avanza a toda prisa y sin freno. Uno de los principales problemas del país junto a la inseguridad y la delincuencia, extiende sus tentáculos. La última Encuesta Nacional de Percepciones de la Corrupción de Proética, elaborada por Ipsos Perú, ha revelado que el 94% de los peruanos vincula a la corrupción con las economías ilegales y un 42% reconoce que estas son la única vía para conseguir trabajo en sus regiones.
En medio de estas economías ilícitas resalta la minería ilegal que para el 93% de los entrevistados resulta un problema grave o muy grave, aunque poco combatido. Para un 92% el Estado peruano no hace lo suficiente para enfrentar esta minería que opera al margen de la ley.
«No falta conciencia del problema», es lo que dijo el presidente de Ipsos Perú, Alfredo Torres, quien fue el encargado de realizar dicha encuesta para Proética y quien la presentó ante los medios.
Lo mismo pasa con la deforestación y tala ilegal. En este mismo contexto, también se dio a conocer que el 13% de ciudadanos sabe de alguna persona a la que le han sugerido favores sexuales como empleo, contribuyendo con las economías ilícitas. Ese 13% representa a 2.5 millones de personas del Perú urbano.
CORRUPCIÓN AL DÍA
A esta preocupante cifra se suman otras: el 88 % percibe que la corrupción ha aumentado en los últimos cinco años, que en los próximos cinco este problema se mantendrá igual o empeorará (87%) y que esta lo perjudica en su vida diaria (87%). Según el estudio de Ipsos la corrupción ha crecido más del 25% en los últimos 10 años.
Con amplísima ventaja, el Congreso es percibido por el 85% de peruanos como la institución más corrupta y paradójicamente como la entidad responsable de liderar la lucha contra este problema (45%), por encima del propio Gobierno (30%) y la Policía (32%).
Los ciudadanos de este país han normalizado algunos tipos de corrupción en el país, calificándola como «aceptable». En el caso, por ejemplo, de dar propina a un policía, el 28% lo considera como corrupción que pueden aceptar. Esto mismo pasa en el caso de agilizar un trámite o conseguir una cama en un hospital.
«Hay justificación y tolerancia a la pequeña corrupción porque si no las cosas no funcionan, no caminan», se dijo en la exposición de los resultados de esta encuesta.
La autopercepción de corrupción disminuyó y ahora un 89% se considera honesto; sin embargo, esto se contradice con el índice que señala que el 64% considera que sus compatriotas son corruptos.
«Los peruanos son corruptos (no mi familia, no yo. La gente, el Congreso y la policía)», indicó el presidente de Ipsos Alfredo Torres, respecto a este ítem durante la presentación de los resultados de la encuesta.
Respecto a la solución que le podría dar fin a la corrupción, el 56% cree que aumentando las penas y castigos a funcionarios corruptos se podría disminuir la cantidad de casos. Los peruanos no creen que una reforma de justicia solucione el aumento de la corrupción.
COIMAS
La coima es también un escenario frecuente para los peruanos. Un 31% reconoce que ha tenido que dar alguna coima, un regalo o un pago indebido o conoce personalmente a alguien que la dio.
Las coimas casi siempre quedan impunes: un 90% señala que él o las personas que conoce no denunciaron cuando le pidieron una. Un 26% arguye que no lo hizo porque no sirve de nada o las autoridades no hacen caso.
PARTIDOS, CANDIDATOS Y FINANCIAMIENTO
En el plano político los peruanos exigen que la corrupción sea castigada. El 67% cree que los partidos políticos deben expulsar a sus miembros que cometan actos ilícitos como una muestra de que luchan contra la corrupción.
La encuesta refleja, además, que los peruanos prefieren un candidato honesto (68%) por encima de cualquier otra cualidad como la experiencia (28%) o su equipo de trabajo (28%). Un 69% considera que los partidos o candidatos no informan de manera clara quién financia sus campañas.
“La encuesta revela que la gente sigue consciente de que la corrupción genera un gran impacto a la economía popular y también a la economía nacional y que esto afecta la confianza en el Estado y afecta la economía incluso a nivel de crecimiento”, señaló Torres.
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