La Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional del Poder Judicial confirmó este martes la decisión de dejar sin efecto el pedido fiscal de impedimento de salida del país por 36 meses contra la expresidenta Dina Boluarte Zegarra, en el marco de la investigación que afronta por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado.
La resolución de la instancia superior declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de Lavado de Activos, que buscaba revocar la decisión anterior del juez Fernando Valdez Pimentel, quien el pasado 15 de octubre había desestimado el requerimiento.
El Ministerio Público había solicitado la medida de coerción migratoria con el objetivo de asegurar la permanencia de la exmandataria en el país durante el avance de las diligencias fiscales, señalando la existencia de riesgo de fuga. Este pedido se presentó dentro de la investigación relacionada con la apertura de una cuenta mancomunada, que supuestamente habría sido usada para recaudar fondos destinados al pago de la reparación civil del prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.
En su pronunciamiento oficial, la defensa legal de Boluarte, encabezada por el abogado Juan Carlos Portugal, celebró la decisión judicial. El jurista subrayó que el rechazo al pedido se basa en la ausencia de pruebas que demuestren un peligro de fuga o indicios sólidos de conductas delictivas por parte de su patrocinada, y calificó la resolución como proporcionada y ajustada al debido proceso.
Con esta confirmación, la expresidenta queda habilitada para movilizarse libremente fuera del territorio nacional, mientras continúa el curso de las investigaciones fiscales que se siguen en su contra.
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