Las próximas elecciones generales están a la vuelta de la esquina y, visiblemente, quienes estarán más expuestos ante la creciente ola de crimen y delincuencia que afecta a los peruanos son los propios candidatos a los cargos de elección popular.
El proceso electoral ya puso en evidencia esta vulnerabilidad. El reciente ataque a balazos contra el precandidato presidencial Rafael Belaunde, quien no perdió la vida, encendió las alarmas sobre la actual situación y el riesgo que enfrentan los aspirantes.
Frente a esta amenaza, la pregunta es obligatoria: ¿qué protocolo ha preparado el Gobierno para lograr que los comicios se desarrollen con las condiciones mínimas de seguridad para los candidatos?
UNA DURA REALIDAD
Para el exministro del Interior y general en retiro de la Policía, Carlos Morán, la protección de los aspirantes a funcionarios gira en torno a una norma que hoy parece ser insuficiente. Según explica, el Estado asigna un grupo mínimo de agentes que deben turnarse para cubrir las 24 horas del día.
“A los candidatos oficiales se les asigna dos efectivos policiales. Hacen uno por uno, veinticuatro por veinticuatro. Es para todos igual”, precisó el exministro a Perú21.
Este resguardo es estrictamente personal. En segunda vuelta, para los dos candidatos que pasen, se duplica la seguridad: cuatro efectivos policiales para cada uno. Dijo también que no tienen derecho a vehículos ni a ser trasladados.
Pese al contexto de criminalidad actual y con los antecedentes de las contiendas en otros países, Morán advierte que el sistema no actúa de oficio para elevar la protección. El esquema está diseñado de tal forma que el candidato debe demostrar que está en la mira —de delincuentes— antes de recibir un refuerzo.
“Si un candidato cree que su vida está en riesgo porque tiene amenazas, la Policía tendrá que evaluar y el ministro del Interior tendrá que pronunciarse. Antes, a priori, no”, concluyó.
La realidad es que, a diferencia de países vecinos, como Colombia y Ecuador, que ya han lidiado con magnicidios políticos, Perú no cuenta con un esquema claro de protección electoral. La única medida anunciada hasta el momento por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha sido la compra de chalecos antibalas para las autoridades electorales.
Sin embargo, fuentes del JNE mencionaron a Perú21 que si bien se está adquiriendo chalecos antibalas para los miembros del Pleno y los presidentes de los Jurados Electorales Especiales, así como a personal de seguridad y funcionarios, la competencia en la compra de chalecos para los candidatos es del gobierno de José Jerí.
“No podemos hacer la adquisición de chalecos para los candidatos, ya que de acuerdo a ley es función del Ejecutivo. Se le ha solicitado adelantar el plan de seguridad para prevenir algún hecho”, mencionaron.
Precisamente, la experiencia regional demuestra que solo un chaleco es insuficiente. En Ecuador, el crimen organizado ha escalado a tal punto hasta asesinar a un candidato presidencial, Fernando Villavicencio, en pleno proceso electoral. En Colombia, este año también fue asesinado un precandidato presidencial (Ver entrevista).
Perú21 conversó con Leonardo Gómez Ponce, periodista de investigación ecuatoriano y director de la Unidad de Investigación Tierra de Nadie, quien recordó que, tras el asesinato de Villavicencio, muchos candidatos ecuatorianos comenzaron a usar chalecos por miedo.
“Entre 2022 y 2023, al menos 12 candidatos o precandidatos a gobiernos locales (concejales, alcaldes, prefectos) fueron amenazados o asesinados. Estos incidentes se focalizan en “zonas periféricas” y no tanto en las capitales por su valor estratégico donde hay una presencia conocida de grupos criminales”, mencionó a este diario.
Gómez Ponce explicó que, posterior al magnicidio, figuras políticas como el periodista Christian Zurita (quien asumió la candidatura), recibieron resguardo estatal, pero no bajo un protocolo electoral, sino mediante el sistema de protección de testigos.
El periodista explicó que este esquema se aplica por el riesgo que el individuo mantiene como ciudadano, no por su condición temporal de candidato. Aun así, la protección ofrecida puede ser rechazada por los afectados, tal como el propio Gómez Ponce lo hizo en su momento.
“Todo nuestro continente obedece al mismo umbral. Estamos conectados, pues las dinámicas criminales de México se repiten en Colombia, Ecuador y Perú. Todas las zonas donde operan economías ilegales y criminales, incluyendo aquellas disfrazadas de negocios legales, deben tener una particular atención en los procesos electorales, pues la llegada de una nueva autoridad que intente cambiar el statu quo puede sufrir represalias directas”, señaló.
