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Ante la crisis que atraviesa el sector arrocero nacional, desde la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) exhortaron al Gobierno Central a adoptar acciones inmediatas que protejan a las miles de familias dedicadas a la agricultura.
“El arroz representa uno de los pilares de la seguridad alimentaria del Perú. Nuestro país registra uno de los mayores consumos per cápita de arroz en América Latina, alcanzando aproximadamente 65 kg por habitante al año. Se calcula que más de 74,000 productores participan directamente en esta actividad, ocupando a más de 1.5 millones de personas en toda la cadena productiva y comercial”, describieron.
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Actualmente, se cultivan más de 450,000 hectáreas de arroz a nivel nacional, movilizando miles de millones de soles en transporte, fertilizantes, maquinaria, molinos, comercio y abastecimiento alimentario del país.
Sin embargo, pese al enorme esfuerzo productivo, apuntaron que los agricultores vienen enfrentando los altos precios de los fertilizantes, elevados costos de combustible para el transporte y la logística, “así como posibles prácticas de competencia desleal, concertación de precios y acaparamiento de mercado”.
En ese sentido, plantearon siete pedidos para el Ejecutivo.
- Instalación inmediata de una Mesa de Diálogo Nacional Técnica y Productiva del Arroz. Esta debería contar con la participación de los productores arroceros, los gobiernos regionales, el Midagri, el MEF y la APEMA (Asociación Peruana de Molineros de Arroz), así como de los organismos reguladores, con el fin de construir soluciones sostenibles y equilibradas.
- Bono extraordinario de fertilizantes. Que esté dirigido a productores arroceros, “considerando el elevado costo de la urea y otros insumos agrícolas que vienen afectando drásticamente la rentabilidad del agricultor peruano”.
- Reducción del impacto del combustible en la cadena agrícola.
- Evaluar la implementación de mecanismos de protección temporal o “precio refugio”. Esto permitiría “corregir las distorsiones en los precios que se presentan actualmente.
- Investigación inmediata por parte del Indecopi, Sunat y el Ministerio Público. Esto, sobre posibles prácticas de concertación de precios, acaparamiento y abuso de posición dominante en el mercado arrocero.
- Revisión de la política de importaciones y aranceles. “Ante posibles prácticas de dumping y distorsiones de mercado que afectan gravemente la producción nacional”, precisaron.
- Reactivación del financiamiento de obras de defensa ribereña. Se apunta al financiamiento de las obras paralizadas de protección y defensa ribereña, heredadas del esquema de Reconstrucción Con Cambios (RCC), y que deben servir como contingencia para proteger miles de hectáreas agrícolas frente a lluvias e inundaciones.
Sobre esta serie de pedidos, desde la ANGR también solicitaron que se evalúe “la permanencia del ministro de Agricultura”.
